Una IA gana un juicio en Inglaterra; otra hunde a 4 abogados en EE. UU.

Dos noticias judiciales de la misma semana de junio de 2026 dibujan los dos extremos de lo que está pasando con la inteligencia artificial en los tribunales. En Inglaterra, una plataforma de IA ayudó a una autónoma a ganar un juicio frente a un despacho tradicional. Por otra parte, en Mississippi, un juez tuvo que paralizar un caso y sancionar a cuatro abogados porque, por separado, ambas partes habían presentado escritos con sentencias inventadas por una IA generativa que nadie verificó. 

Para un despacho o asesoría en España, la pregunta no es si va a usar IA, ya lo está haciendo, directa o indirectamente, sino con qué garantías. Eso es precisamente lo que separa estos dos casos, y es el eje sobre el que conviene leerlos. 

Caso 1: una IA gana un juicio en Inglaterra (con un abogado humano en la sala) 

Garfield AI, la primera firma legal autorizada por la Solicitors Regulation Authority (SRA) británica para operar exclusivamente con inteligencia artificial, ayudó a la consultora de RR. HH. autónoma Tamires Camal Taquidir a recuperar 7.000 libras de honorarios impagados por una empresa hostelera. La plataforma preparó la correspondencia previa, presentó la demanda, redactó cuatro declaraciones de testigos y montó el expediente para un juicio de tres horas con interrogatorios cruzados, mientras la parte contraria contaba con un despacho tradicional y representación letrada. 

El matiz importante, y el que conviene destacar en cualquier comparativa, es que la IA no actuó sola ante el tribunal: Garfield encargó la defensa oral a un abogado humano (un barrister junior), que fue quien argumentó el caso en sala. Es decir, el modelo que ganó no fue «IA sustituyendo al profesional», sino IA automatizando el trabajo documental intensivo y dejando el criterio y la defensa oral en manos humanas. El coste total para la demandante fue de unas 400 libras, frente al gasto que hubiera supuesto una tramitación tradicional para una reclamación de ese importe. 

Conviene ser prudente antes de extrapolar este caso a España: el marco que permitió esta operativa – autorización regulatoria de la SRA para una «firma legal» puramente de IA y un procedimiento de small claims pensado para litigar sin abogado- no tiene equivalente en el ordenamiento procesal español, donde la representación en juicio sigue exigiendo abogado y, según el procedimiento, procurador. El caso es relevante como tendencia, no como precedente trasladable. 

Caso 2: dos bufetes, la misma IA sin verificar, un juicio cancelado 

En paralelo, un juez federal de Mississippi (Distrito Norte) suspendió por completo un caso de reclamación de honorarios entre un abogado y el Ayuntamiento de Aberdeen al descubrir que los escritos presentados por ambas partes citaban sentencias que no existían. No se trató de una «IA contra otra IA» en sentido literal: fueron dos equipos legales independientes que, cada uno por su cuenta, usaron herramientas de IA generativa para investigar y redactar sus escritos sin comprobar después las citas que el sistema había producido. 

La jueza Sharion Aycock calificó la situación de inusual precisamente porque ambas partes habían cometido la misma falta al mismo tiempo. La resolución fue contundente: descalificó a los cuatro letrados implicados, impuso multas de entre 1.000 y 3.500 dólares y vetó a dos de ellos durante dos años en ese distrito.  

Una de las abogadas alegó que no sabía que una IA pudiera «alucinar» jurisprudencia; la jueza consideró el argumento insuficiente, recordando que la falta de verificación ya no es una excusa aceptable en sede judicial. 

Lo que estos dos casos tienen en común (y que sí aplica en España) 

Puestos en paralelo, ambos casos apuntan a la misma conclusión, aunque desde extremos opuestos: el problema nunca es «usar IA» en sí, sino qué tipo de IA se usa y cómo se verifica su output antes de que llegue a un tribunal, a un cliente o a un expediente. 

• Una IA genérica, sin trazabilidad de fuentes y sin entrenamiento en el ordenamiento aplicable, puede producir jurisprudencia, artículos o consultas vinculantes que simplemente no existen. El riesgo no es teórico: es exactamente lo que ocurrió en Mississippi, y los tribunales españoles ya han empezado a sancionar el uso no verificado de IA en escritos procesales. 

• Una IA con fuentes citables y verificables (BOE, jurisprudencia, consultas de la DGT, doctrina del TEAC, convenios colectivos) reduce drásticamente ese riesgo, porque cada afirmación se puede comprobar antes de salir del despacho. 

• En ningún caso la IA sustituye la revisión profesional. Incluso en el caso inglés, que es el «éxito», el criterio humano siguió siendo decisivo en el momento de mayor responsabilidad: la sala. 

Un caso práctico cercano 

Imaginemos un despacho español preparando un recurso laboral y que necesita citar jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre un complemento salarial discutido. Si pide la referencia a un asistente de IA genérico, existe un riesgo real de recibir una sentencia con número de recurso, fecha o ponente incorrectos, o directamente inventados, sin ninguna fuente que lo respalde. Si la consulta se hace sobre una base normativa específica, con acceso al convenio colectivo aplicable y a la jurisprudencia de la Sala de lo Social citada artículo por artículo, el asesor puede verificar la referencia en segundos antes de incorporarla al escrito. La diferencia no está en la rapidez —ambas son rápidas—, sino en si lo que se obtiene se puede comprobar. 

Cómo encaja esto en el día a día con Ai Consultas 

Esta es exactamente la distinción que tratamos de hacer visible en cada consulta: nuestros módulos Fiscal, Laboral y Legal trabajan sobre normativa española actualizada (BOE, AEAT, DGT, TEAC, jurisprudencia, convenios colectivos) y cada respuesta incluye la fuente en la que se basa, para que el profesional pueda verificarla antes de usarla.  

Eso no convierte la herramienta en un sustituto del criterio del despacho -de hecho, está pensada para lo contrario: dar al profesional una base citada y trazable sobre la que aplicar su propio juicio, no una respuesta que haya que dar por buena sin más. El caso de Mississippi es, en el fondo, el mejor argumento posible para no tratar la IA jurídica como una caja negra. 

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